La pena de prisión se presenta como la culminación de un ultimátum que le fue otorgado por los funcionarios locales de Leyva Velázquez, un municipio de Las Margaritas, Chiapas, a la comunidad evangélica local para convertirse al catolicismo, de lo contario se ven obligados a enfrentar  la pena de prisión.

Según Luis Herrera, director de la Coordinación de Concilio Cristiano de Iglesias, ocho familias de la aldea han sucumbido al ultimátum y firmado documentos que indiquen su conversión al catolicismo. La Constitución de México protege explícitamente el derecho de todos los ciudadanos a profesar y practicar la creencia religiosa de su elección. Los siete que están encarcelados actualmente se han negado a convertirse.

En una entrevista con la CPI, Jorge Lee Galindo, Director de Impulso 18, una organización de derechos humanos en la ciudad de México, dijo que durante meses la comunidad cristiana ha sido presionada para retractarse de su fe o enfrentar  la expulsión de Leyva Velázquez. Al momento de escribir, fuentes de la CPI indicaron que otros cristianos evangélicos en la comunidad continuamente están siendo convocados ante los funcionarios locales en un esfuerzo por obligarlos a renunciar a su fe.

Este incidente refleja una tendencia creciente de la persecución religiosa en las zonas rurales de México, así como la renuencia por parte del gobierno estatal y federal para proteger a las minorías religiosas. En junio, la Corte Penal Internacional estima que más de 70 casos abiertos de la persecución religiosa contra comunidades cristianas minoritarias, cada uno involucrando entre 20-100 víctimas, existían en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Guerrero. El 15 de julio, el senador Marco Rubio cuestionó a la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson,  acerca de cómo iba a abordar esta cuestión.

Isaac Seis, directora de Asuntos Jurídicos de la CPI, dijo: "Es simplemente inconcebible para los gobiernos  estatales y federales de México ignorar repetidamente la detención arbitraria y expulsión de sus propios ciudadanos por los gobiernos locales sobre la base de la creencia religiosa. Sabemos que el gobierno federal, así como el Estado de Chiapas, fue advertido días antes de que la comunidad evangélica de Leyva Velázquez estuviera bajo amenaza, sin embargo, incluso después de  que siete personas fueron arrojadas en la cárcel por sus creencias religiosas, no se tomó acción.

Fuente: La gaceta Cristiana