Los residentes de Mariano Matamoros deben renunciar a su fe, según los líderes del gobierno o tendrán que marcharse. La solicitud está de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Mexicana que defiende la libertad de conciencia y religión.

Durante años las familias cultivaban maíz, café y frutas pero, hace tres años sus lotes fueron confiscados. Las autoridades llegaron al punto de emitir un decreto que prohíbe transacciones económicas con los cristianos y quien no acate el decreto tendrá que pagar una multa de 5 mil pesos (cerca de 280 dólares).

Las autoridades amenazaron con cortar los servicios de agua, desagüe, confiscar ilegalmente propiedades, negar los servicios de salud y hasta la posibilidad de actuar con violencia física. En 2009 la situación se repitió sistemáticamente, afectando a más de cien personas, donde cerca de un tercio, eran niños.

Estas medidas son tomadas frecuentemente contra las familias cristianas hasta un punto límite donde se ven obligadas a dejar sus tierras.

México ocupa el lugar 40 en la lista de Persecución Religiosa y el número de incidentes violentos contra los cristianos cada vez va en aumento. Aunque les quiten los servicios básicos ellos continuan firmes en su fe.

Fuente: Impacto evangelístico