Mientras que la ley vigente señala la Educación Sexual Integral articulando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, el proyecto caducado, que probablemente vuelva a ser presentado en 2020, explicita que los conocimientos en la materia deben ser “científicos y laicos” y se articula con leyes sancionadas con posterioridad como la Ley de Identidad de Género y Matrimonio entre personas del mismo sexo.

El otro cambio importante que introducía el proyecto tenía que ver con la modificación al apartado que aclaraba que cada comunidad educativa puede incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, “en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

La propuesta de modificación eliminaba esta facultad de los colegios, desconocía la importancia de los idearios con los que los colegios son fundados, aunque sí permitía la participación en la aplicación de los contenidos de “centros de estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de género, de las personas con discapacidad y de los pueblos originarios”. Es decir, religiones occidentales no, pero corrientes aborígenes, por más que sus contenidos no sean laicos, sí.

La obligatoriedad regía para todo tipo de educación, pública, subvencionada o privada, indistintamente.

Hubo manifestaciones en contra del intento parlamentario, muchas silenciadas por medios de comunicación. Tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina – ACIERA- emitieron comunicados.

El documento de los obispos renovó el Sí a la Educación Sexual que ya había sido proclamado recientemente, aunque aclaró que “la educación sexual integral debe respetar la libertad religiosa de las instituciones, y la libertad de conciencia, derecho sagrado e inalienable que debe ser siempre custodiado”. Y reiteró: “son los padres los primeros educadores de sus hijos, y que a la escuela y al Estado le corresponde un papel subsidiario en esa tarea”.

Según lo anunciado por los afines al nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, y según la insistencia de algunos de los nuevos parlamentarios más sonantes, este proyecto, así como el de legalización del aborto, acaso los más teñidos de ideología de género aún sin sancionar en la Argentina, serían tratados en la futura composición del Congreso. En ambos, además de los temas de fondo, emerge la imposibilidad de educar y obrar colectivamente de acuerdo a conciencia y convicciones personales que lleven a fundar colegios u hospitales.

Las personas tienen “la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El proyecto de reforma de la ESI desconocía abiertamente las ideas con las que a lo largo de la historia democrática argentina miles de cristianos fundaron y al día de hoy fundan y dirigen colegios, así como padres que en función de los enfoques eligen estos colegios, sean cristianos o no. Los discriminaba con respecto, por ejemplo, a grupos feministas o incluso de religiones aborígenes.

Vida, familia y libertad, de la mano, se anuncia, volverán a ser protagonistas en la agenda parlamentaria argentina 2020.

Fuente: .aleteia